La Corte Interamericana como cuarta instancia del derecho interno. Entre el principio de subsidiariedad y la desconfianza (caso Cabrera García y Montiel Flores vs México)

Jorge Chaires Zaragoza

Resumen


Introducción.

El presente asunto tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte) resultó ser de particular trascendencia, ya que se dilucidaron aspectos que resultaban novedosos en la doctrina procesal del control de convencionalidad, respecto a la teoría de excepciones preliminares por motivo de cuarta instancia. 

El Estado demandado interpuso como excepción preliminar que la Corte se había constituido como cuarta instancia del proceso interno, entre otras razones, porque la totalidad de los actos u omisiones del Estado aducidos como violatorios de la Convención Americana, ya han sido valorados y determinados por órganos judiciales mexicanos independientes e imparciales a través de recursos efectivos y eficaces y con pleno respeto al derecho de garantía y protección judicial.

La Corte Interamericana desecho la excepción preliminar presentada por el Estado mexicano respecto de “cuarta instancia”, alegando que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidiario, coadyuvante y complementario, razón por la cual no desempeña funciones de tribunal de cuarta instancia y que la Corte no es un tribunal de alzada o de apelación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre algunos alcances de la valoración de prueba o de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos. Por lo que para que dicha excepción fuese procedente, sería necesario que el solicitante busque que la Corte revise el fallo de un tribunal interno en virtud de su incorrecta apreciación de la prueba, los hechos o el derecho interno, sin que, a la vez, se alegue que tal fallo incurrió en una violación de tratados internacionales respecto de los que tenga competencia el Tribunal.

Si bien la Corte ya se había pronunciado en distintos momentos respecto a dicha excepción, en el presente juicio era la primera vez que se alegaba que los tribunales nacionales ejercieron el control de convencionalidad, en un proceso ordinario que fue seguido en todas sus instancias, incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios, por lo que se alegó que no puede nuevamente analizarse por los jueces interamericanos, ya que ello implicaría una revisión de lo resuelto por los tribunales nacionales que aplicaron normatividad interamericana.

En este breve trabajo no pretendemos analizar la culpabilidad o no del Estado mexicano respecto a la violación de derechos humanos y, mucho menos, respecto a la culpabilidad o no de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores en la comisión de presuntos delitos por los que fueron acusados por el gobierno[1], sino que nuestra pretensión se concreta a determinar los alcances del principio de subsidiariedad de la Corte, que opera ya sea por que los estados fracasan, no brindan o fallan en la protección de los derechos humanos o, bien si dicho principio, puede llegar a constituirse en una cuarta instancia por la simple desconfianza en la actuación de las autoridades responsables. En tal sentido, nos limitaremos a analizar los supuestos actos de tortura que se cometieron en contra de los señores Cabrera y Montiel, de acuerdo con los diferentes certificados médicos que se realizaron, tanto en el proceso interno como en la instancia internacional ante la Comisión y la Corte Interamericana, a efecto de estar en posibilidad de emitir una opinión respecto a si estamos en presencia de una cuarta instancia.


[1] Los señores Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel campesinos de la sierra Petatlán en el estado de Guerrero, activistas ambientales en defensa de los bosques fueron apresados por la fuerza militar acusados narcotráfico. A través de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Peratlán y Coyuca de Catalán (OCESP), lograron el retiro de la zona de una empresa estadounidense, a quién le atribuía ser la responsable de la tala excesiva e irregular de los bosques de la Costa Grande y que, a consecuencia de ellos, fueron detenidos ilegalmente por parte del Estado.


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